viernes, 10 de febrero de 2017

Democracia participativa en México: reto ciudadano.

Democracia participativa en México: reto ciudadano.

Andrés Mayorquín Rios
Septiembre, 2014. Mérida, Yucatán, México

“México necesita buenos gobernantes, pero necesita más, mejores ciudadanos”

Introducción
Si bien en México se acepta que la democracia como sistema de gobierno ha tenido avances sustanciales tanto en la parte legislativa como en la práctica, es una realidad aún queda una gran brecha para lograr una democracia que vuelva realidad el disfrute de todos los derechos.
A lo largo de este ensayo se revisarán los últimos avances democráticos que se han conseguido en México, las principales herramientas disponibles para la participación ciudadana así como los principales retos que deben superar los ciudadanos para hacer efectivo el sistema democrático.

De igual manera se presentarán algunas propuestas que pueden implementarse para promover una mayor conciencia e integración ciudadana que lleve a una mayor participación política de las personas.
Desarrollo
La democracia mexicana ha estado en constante evolución desde que se instauró como sistema de gobierno. En la Constitución de 1917 se consagró que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” (Art. 39 constitucional) y que es “voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal” (Art. 40 constitucional).
Sin embargo, la realidad es que nuestra República ha transitado por etapas durante las cuales, a pesar de lo establecido en las leyes, el pueblo ha dejado de ejercer la soberanía, perdiendo totalmente la capacidad de elegir libremente a los poderes públicos y en consecuencia, también se ha perdido la representatividad: los servidores públicos “electos” se han alejado cada vez más de ser la voz de los electores.
Una muestra clara de ello fue la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante las últimas 7 décadas del siglo pasado, donde la voluntad popular expresada en las urnas no siempre terminaba reflejándose en los resultados oficiales. El verdadero poder residía en la Presidencia de la República y la división de poderes era letra muerta.
Sin embargo, el PRI tuvo que ir haciendo cada vez más concesiones a la oposición, que terminaron volviéndose reformas legales que permitieron estructurar un sistema electoral más confiable y ponerlo en manos ciudadanas, lo cual culminó con la famosa transición política en el año 2000, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) logró ganar la Presidencia.
Actualmente, si bien todavía se discute sobre la confiabilidad de las instituciones electorales (estatales y federales) y sobre la oportunidad que tienen los partidos de cometer fraudes que violenten la voluntad real del pueblo, no puede negarse que los avances logrados en la materia son importantes y significativos, con respecto al tipo de elecciones que veíamos hace 4 o 5 décadas. Debemos reconocer que esta discusión sigue rindiendo frutos, pues las leyes electorales mexicanas han sufrido modificaciones importantes en la última década.
Por otro lado, no debemos omitir en esta rápida revisión que la operación política de los partidos durante las elecciones, la facilidad con que se compra o coacciona el voto, el mal uso de los programas estatales, la partidización de las autoridades electorales y la dificultad para comprobar delitos electorales sigue generando un nivel de incertidumbre sobre las elecciones mexicanas, por lo cual hay muchos observadores y analistas que manifiestan que a pesar de las reformas, hemos regresado a las peores épocas de los fraudes electorales.
Adicionalmente, nuestro país tiene graves problemas ligados a la pobreza y a la desigualdad. La cantidad de personas en nivel de pobreza ha aumentado en los últimos años. La economía no termina de despegar, con crecimientos muy por debajo de lo necesario para poder emplear a todas las personas en edad productiva y el sector informal va a la alza. Los salarios están perdiendo consistentemente poder adquisitivo, mientras que los grandes empresarios se vuelven cada vez más ricos. El problema de la inseguridad y la violencia se extiende prácticamente en todo el país, con algunas excepciones. El acceso y disfrute de derechos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda todavía no se da en los hechos. Y no puede dejarse de lado la gran corrupción, la impunidad y la ausencia de un estado de derecho, en donde todos estemos obligados a cumplir la ley, o de lo contrario, sufrir la sanción respectiva.
Todas estas circunstancias, que las personas relacionamos directamente con el desempeño de nuestros gobernantes y servidores públicos, nos han llevado francamente a una crisis de representatividad y credibilidad. Los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por aquellas personas a las que elegimos en las urnas. Los políticos defienden intereses de grupo y toman decisiones que muchas veces distan de ser en beneficio de la mayoría. Cada vez les creemos menos.
Conclusión: la democracia electoral no basta. Y menos bastará si las elecciones siguen siendo controversiales. Es por eso que necesitamos una ciudadanía activa, que esté alerta a lo que hacen sus servidores públicos y que exija resultados reales y positivos.
En este punto es pertinente recordar lo que escribe José Woldenberg (2014), citando a Colin Crouch: existe “la ciudadanía positiva, en la que grupos y organizaciones desarrollan identidades colectivas, perciben los intereses de estas identidades y formulan de manera autónoma demandas basadas en ellos que después transmiten al sistema político. Por otra parte estaría el activismo negativo de la culpa y la queja, en el que el objetivo principal de la controversia política es ver a los políticos llamados a rendir cuentas, sus cabezas puestas en la picota y su integridad tanto pública como privada sujeta a una rigurosa vigilancia.”
Considero que en este momento en México se requiere que los ciudadanos cumplan ambos roles, aunque se debe pensar en que se tendrán cada vez más logros actuando con activismo positivo.
Vale la pena preguntar entonces: ¿Cómo puede ejercer el ciudadano estos dos roles de activismo positivo y negativo? ¿Qué opciones tiene el ciudadano para lograr reducir la brecha que existen entre lo que espera que hagan sus gobiernos electos y lo que realmente hacen? ¿Existen instrumentos actualmente para lograr una efectiva representación del pueblo mandante por parte de las autoridades que son mandatarias? ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente para que su voz pueda escucharse y convertirse en acciones de gobierno? ¿Hay alguna forma de transitar de una democracia electoral a una democracia participativa?
Cuando un ciudadano empieza a hacer conciencia de la realidad política, social y económica de México y observa la magnitud de los problemas a los que quiere enfrentar, es casi un hecho que se sentirá abrumado y con poco que aportar para lograr un cambio. Sin embargo, debemos mantener el ánimo firme y comenzar a explorar las opciones que tenemos disponibles para actuar. Existen en este momento herramientas formales e informales que, si las usamos adecuadamente en conjunto, y de forma colectiva, iremos asegurando que la incidencia política del ciudadano común sea exitosa. De forma individual, he ido analizando algunas de esas opciones que ahora comparto.
1.            Nos quejamos de muchas cosas que suceden en nuestro país y casi siempre creemos que es culpa del Presidente de la República o del Gobernador del Estado o del Presidente Municipal. Casi nunca nos fijamos en que muchas cosas se originan en el Congreso de la Unión o en los Congresos locales. Por eso una de las primeras cosas que tenemos que saber es el nombre de nuestro diputado federal, de nuestros senadores y de nuestro diputado local. Podemos empezar siguiéndolos en redes sociales, para ver qué publican sobre su trabajo legislativo. Luego podemos empezar a cuestionarles sobre el sentido de su voto, las propuestas que generan o las gestiones que hacen. Vincularnos con ellos, para asegurarnos que su voto representa a nuestra voz. Acercarnos a pedir información o explicaciones sobre alguna ley aprobada, sobre sus ausencias en las votaciones o su poca productividad. También es bueno saber si tiene casa de enlace y hasta presentarle iniciativas de ley. Hay que reconocer que ninguna de estas acciones obliga al legislador a actuar como nosotros proponemos.
En relación al punto anterior, en los últimos años se ha desarrollado en otros países un concepto llamado democracia líquida, en la cual, los ciudadanos, haciendo uso de tecnologías de la información, pueden establecer un sistema de votación sobre temas que se discuten en el Congreso y hacerle llegar su opinión de forma directa, o a través de un representante virtual, a su legislador, esperando que el legislador tome la postura que la mayoría haya votado. Creo que esta es un área de oportunidad en México, que puede rendir buenos frutos.  
2.           Una segunda forma de ir construyendo una democracia participativa es conocer y saber utilizar la información que generan todas las instituciones públicas. Todas ellas están obligadas por las leyes de Transparencia y Acceso a la Información pública a poner al alcance del ciudadano la información que disponen y archivan. Los datos como el presupuesto asignado, el marco normativo que las regula o los sueldos de los servidores públicos son obligaciones de transparencia de las instituciones públicas y que podemos consultar en sus páginas web; el resto de la información también es pública, pero sólo podemos acceder a ella a través de una solicitud de información, el cual es un trámite sencillo que puede generarse en un sitio web (aunque no es la única forma). Es cierto que nuestros servidores públicos se resisten a entregar información que los pueda comprometer. En ciertos casos, se puede recurrir a otras instancias como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a nivel federal o los institutos locales de acceso a la información pública, que son los responsables de hacer cumplir las leyes en la materia.
3.           La asociación de los ciudadanos resulta fundamental para equilibrar el poder del Estado y encausar sus decisiones para lograr el beneficio de las mayorías. Por eso es importante la promoción de una Sociedad Civil organizada mediante organizaciones no gubernamentales (ONG’s), como pueden ser: asociaciones civiles, fundaciones, instituciones de asistencia privada (estas 3 de carácter jurídico) o simplemente como movimientos sociales. Un ciudadano que quiera incidir en la política tendrá mejores resultados si logra organizarse junto con otros ciudadanos para defender y promover sus derechos. Estas organizaciones permiten distribuir las tareas o responsabilidades e incrementan las posibilidades de éxito en cuanto al objetivo de la misma; también ayuda a mantener una motivación, a evitar el desánimo o los sentimientos de impotencia frente a las estructuras del sistema político-social. Adherirse a algunas de las muchas causas que enarbolan este tipo de asociaciones es una buena forma de irse apropiando del espacio público y reconocer que es necesario involucrarse activamente para lograr mejoras sustanciales en el nivel de bienestar.
4.           Existen otras herramientas formales y legales que permiten que los ciudadanos participen de manera más directa en las decisiones de gobierno: la consulta popular (que puede dividirse en referéndum y en plebiscito) y la iniciativa popular. Estas herramientas, a nivel federal, fueron aprobadas en las reformas constitucionales del 2012 y todo indica que al menos la consulta popular se estrenará en las elecciones del 2015. En el estado de Yucatán, la Ley de Participación Ciudadana está vigente desde el año 2007, pero hasta ahora prácticamente es desconocida por la mayoría de los yucatecos y su uso se ha limitado a la realización de 3 plebiscitos, 0 referéndum y a la presentación (no necesariamente aprobación) de 3 iniciativas de ley.
La principal dificultad a la que nos enfrentamos los ciudadanos al querer hacer uso de la consulta popular es la cantidad de firmas de electores que hay que recolectar (la cantidad es proporcional a la cantidad de votantes que viven la región geográfica afectada por la acción de gobierno o ley en cuestión), lo cual hace bastante complicada y limitada su aplicación. Por ejemplo, sería prácticamente imposible que un solo individuo promueva y gestione la realización de una consulta popular a nivel nacional; se requiere que alguna asociación o grupo de asociaciones con presencia en todo el país haga la recolección de firmas. Por eso estamos viendo que los partidos están usando esta herramienta, pero claramente con fines electorales, lo cual desvirtúa en gran medida el espíritu de la misma.
5.           Por otro lado, la iniciativa popular es una forma de acercar el proceso legislativo a los ciudadanos. Cuando vemos que nuestros legisladores no proponen o promueven leyes que a la población le interesan, entonces podemos nosotros ser generadores de propuestas concretas mediante esta opción de participación. Nuevamente, para presentar una iniciativa de ley se requiere recabar una cantidad de firmas (menor que en el caso de la consulta popular). Sin embargo, a nivel federal, aunque la iniciativa popular se aprobó constitucionalmente desde agosto del 2012, hasta la fecha no se ha emitido la ley reglamentaria, y en los hechos, no es posible hacer uso de esta herramienta. Una forma de forzar a esto sería presentar la iniciativa, junto con las firmas correspondientes y frente a la negativa, poder tramitar un amparo. Este procedimiento legal y judicial es muy engorroso y obviamente desanima a los ciudadanos. En Yucatán, ya se han presentado 3 iniciativas populares. Sin embargo, no se conoce si dichas iniciativas fueron aprobadas o desechadas. Considero que esta herramienta podría ser muy eficaz para lograr el paso de la democracia electoral a la democracia participativa.
6.           Un recurso más para hacer esta transición a la que ya hemos hecho mención es hacer uso de la figura de candidatos independientes. Como ya se ha mencionado, hay una crisis de credibilidad y representatividad con respecto a nuestros políticos actuales, lo cual hace necesaria una renovación de las personas que participan actualmente en los diferentes poderes y niveles de gobierno. La opción de las candidaturas ciudadanas está abierta para las elecciones del 2015, aunque en el medio ciudadano, entre las organizaciones civiles aún hay resistencia para hacer uso de estas figuras, porque los trámites legales que el procedimiento impone junto con la recolección de firmas necesarias para que se apruebe la candidatura requieren una cantidad de recursos que difícilmente un ciudadano bien intencionado podrá reunir. Además, la búsqueda de candidatos idóneos para los cargos de responsabilidad que serán electos no es sencilla, pues se pretende que sean personas honestas pero además preparadas para ejercer dicho cargo. Además, cuando se piensa que hay una persona que cubre estos requisitos, falta lograr que acepte ser postulado, pues normalmente eso implica mucho tiempo para dedicar a las campañas, el cual no siempre se dispone, si se tiene un trabajo actualmente. Frente a estas dificultades, veo que muchos ciudadanos se sienten hartos de la crisis política actual, por lo que es muy probable que cada vez haya más personas que se animen a tomar las riendas del gobierno en sus manos.
Para lograr que estas herramientas o formas de generar participación ciudadana en el sistema político de México sean funcionales y su uso sea más generalizado se requiere primero de que los ciudadanos sean conscientes de su corresponsabilidad en las decisiones de gobierno, que su responsabilidad no queda limitada a la acción del voto cada 3 o 6 años, que se requiere un seguimiento y acompañamiento a las funciones desempeñadas por los funcionarios electos.
En segundo término, se necesita que los ciudadanos conozcan las diferentes maneras de involucrarse en la política, evitando claramente el prejuicio de que todo el que participa en política es corrupto o termina corrompido o simplemente está buscando lo que coloquialmente llamamos “hueso”. Por eso es importante que haya una mayor difusión de las herramientas arriba mencionadas. Es aquí donde los miembros de la  CVX México pueden tener impacto real, logrando ser impulsores de este conocimiento y tal vez agrupando y asesorando algunas causas que requieran hacer uso de alguna de estas herramientas.
Muchas personas que conocen mi interés sobre temas político-sociales, me han compartido que sienten inquietud por saber más sobre estos temas para poder asumir alguna postura más informada y hasta poder realizar alguna acción concreta sobre algunas de las situaciones del país. Sin embargo, la ignorancia sobre los mismos hace que eviten involucrarse, dejando pasar oportunidades valiosas para ir transformando poco a poco nuestra realidad. Con base en esas inquietudes compartidas, la CVX Mérida, junto con el Centro Loyola han promovido de forma esporádica algunas conferencias y talleres relacionados con esto, teniendo una respuesta significativa.
Por lo tanto, una propuesta concreta es desarrollar a nivel nacional un Taller o Diplomado de Formación Cívica o de Participación Ciudadana que incluya temas como la estructura y funcionamiento de nuestro gobierno, así como las herramientas disponibles para el ciudadano que le permitan tener una mayor participación en la democracia. Este taller, una vez estructurado y desarrollado, puede replicarse en las diferentes ciudades donde la CVX tiene presencia.
En este mismo sentido, creo que la CVX México tiene una gran oportunidad, y por lo tanto, una responsabilidad importante, en lograr que los Centros de Espiritualidad Ignacianos donde tiene participación o algún nivel de autoridad, puedan también ser una fuente de propuestas de participación ciudadana, de crecimiento y maduración comunitaria en aspectos políticos, sociales y económicos y no sólo de desarrollo humano a nivel individual.
Por último, creo que muchos ciudadanos nos sentimos profundamente ofendidos y dañados por la actuación de nuestros políticos. Ver, escuchar o leer las noticias nos genera indignación. Hay una ruptura en la relación confianza que debería existir entre autoridad y ciudadanía. Por eso es importante reconocer que a pesar de todo lo negativo que podamos hablar sobre la política y los políticos, hay muchas personas que se dedican a esto y lo hacen bien, con espíritu de servicio, y con sincera intención de beneficiar a la sociedad en general. Y también es necesario tomar en cuenta que la clase política actual no va a desaparecer de la noche a la mañana y que será complicado que se “ciudadanice” todo el sistema político.
Por lo tanto, tenemos que lograr superar esa crisis de credibilidad. Necesitamos un reencuentro entre ciudadanos y políticos, generado por un ambiente de fraternidad, de estar entre iguales, de reconocer con humildad los daños generados, de buena voluntad para corregir el rumbo. También se requiere un reencuentro entre grupos políticos en este momento antagónicos, para que dejen de pintar el sistema político en blanco y negro, utilizando un falso maniqueísmo, de tal forma que puedan lograrse acuerdos para los que se requieren consensos o amplias mayorías.
En este sentido considero que las propuestas que genera la Cultura del Perdón y la Reconciliación pueden ser un camino, una opción que ayude a este necesario reencuentro. Esta opción, necesaria de alguna forma, no implica, desde mi punto de vista, dejar de lado que algunas conductas de ciertos servidores públicos requieren ser sancionadas conforme a lo que marca la ley. Hecha esta aclaración, debemos continuar con la difusión y la promoción de las ESPERE en México, procurando llevarlas, no sólo a individuos que buscan superar una herida, sino a instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que puedan ser motores de una nueva forma de relación entre sociedad y gobierno.
Conclusión
Nuestro sistema democrático ha evolucionado para tratar de llegar a un sistema electoral confiable. Sin embargo, la democracia actualmente, como sistema de gobierno ha dejado todavía muchos sinsabores en la ciudadanía, pues los gobiernos emanados de esta democracia aún no logran que México supere sus altos niveles de pobreza y desigualdad, ni se ha alcanzado un crecimiento económico sostenido y sustentable. Actualmente se vive una crisis de derechos humanos en el país, que nuevamente ponen en tela de juicio las acciones gubernamentales de todos los niveles.
Todo lo anterior ha generado una crisis de nuestro sistema político, el cual ha perdido mucha credibilidad frente a la población, que demanda resultados inmediatos. Pero para lograr obtener esos resultados, se requiere una ciudadanía mucho más participativa, que se involucre activamente en las decisiones de gobierno, haciendo uso de todos los mecanismos a su alcance.
En este ensayo se revisaron algunas de las herramientas que dispone el ciudadano para transitar hacia una democracia participativa, tratando de identificar los beneficios, así como también las dificultades actuales para hacer uso de ellas. Es necesario que los ciudadanos conozcan estas opciones y se arriesguen, con valentía, a usarlas. Sólo de esta manera podremos presionar a nuestros gobernantes a que regresen a ser verdaderos representantes populares.
Me atrevo a decir, que de lo contrario, de no lograr la transición de una democracia electoral a una participativa, la crispación y el enojo social irán en aumento, a tal grado que los ciudadanos se inclinarán por el uso de la violencia como el único medio que resultará en un significativo cambio del sistema. Por este motivo, es de gran relevancia la promoción de la Cultura del Perdón y la Reconciliación.


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